Declara la SCJN Inconstitucional la Clausura de Hipódromo de Juárez

 

LUIS A. COVARRUBIAS, corresponsal

 

CIUDAD JUAREZ, Chih., 9 de enero.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la clausura efectuada por personal de la Secretaría de Gobernación del hipódromo y galgódromo de esta frontera y les concedió un amparo definitivo.

Por otra parte, el apoderado de la empresa Cesta Punta Deportes, operadora del hipódromo y galgódromo local, José María Guardia López, informó que en la demanda por difamación en contra del ex procurador, Jorge Carpizo MacGregor, al acusarlos públicamente, tanto a él, como al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, de estar coludidos con organizaciones criminales, “se le exigirá a éste una indemnización de dos millones de dólares”, por la afectación moral y patrimonial que le provocó.

En el primero de los casos, la SCJN les otorgó la suspensión definitiva sobre el amparo solicitado en contra de la actuación de los funcionarios federales.

Por ello, a partir de mañana se reanudarán las actividades de ese centro de apuestas de caballos, galgos y deportes que habían sido interrumpidas por la actuación al margen de la ley de inspectores de la Secretaría de Gobernación que clausuraron instalaciones fuera de operación y sin que ninguna persona ahí se encontrara.

Lo anterior ocurrió el 22 de Agosto del 2003, cuando inspectores de la Segob hicieron acto de presencia en las instalaciones de esos lugares, en donde procedieron a clausurar un salón en donde operaba un juego conocido como bingo, supuestamente por considerarlo ilegal.

La actuación de los empleados federales fue a todas luces ilegal, debido a que por principio de cuenta la empresa contaba con un permiso para esa actividad y, además, el sitio se encontraba desde hace algunos días cerrado y sin que ninguna persona se encontrara ahí.

Sobre la denuncia del ex procurador general de la República, indicó que se espera que en breve se ejerza acción penal en contra de éste.

Mencionó que Carpizo MacGregor, el 8 de julio  del 2003 presentó en la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, el empresario José María Guardia López y el abogado José Antonio Ortega, a quienes acuso de lavar    dinero del narcotráfico.

Como consecuencia de lo anterior, el empresario José María Guardia lo demandó por difamación y le exigió una indemnización de dos millones de dólares por la afectación que sufrió, tanto en lo moral, como en su patrimonio.