UE, JAPÓN Y COREA DEL SUR BUSCAN SANCIONAR A EE. UU. POR NO REVOCAR LEY COMERCIAL

 

BRUSELAS, Bélgica. 15 Enero 2004. Japón, Corea del Sur y la Unión Europea solicitaron autorización a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para imponer sanciones a Estados Unidos en una disputa sobre una ley que entrega a compañías estadounidenses el dinero proveniente de multas impuestas a sus rivales extranjeros.

Se espera que otras naciones _ incluyendo a Brasil, Chile y Tailandia _ presenten solicitudes similares después de que el Congreso en Washington no revocó la así llamada "Enmienda Byrd", declarada ilegal por la OMC.

El organismo con sede en Ginebra, el cual establece normas para el comercio entre las naciones, le concedió a Estados Unidos hasta el 27 de diciembre para hacerlo.

Además de la UE, la ley provocó quejas formales de Australia, Brasil, Chile, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Canadá y México, los cuales argumentaron que penaliza dos veces a quienes exportan a Estados Unidos, porque primero son multados y después ese dinero pasa a sus competidores.

"Desde el principio la enmienda Byrd ha provocado temores generalizados, como lo evidencia el gran número de quejosos en este caso", dijo Pascal Lamy, Comisionado de Comercio de la UE. Y espera que ahora Estados Unidos actúe para cancelar esta medida, y evite así el riesgo de ser sancionado.

La UE no especificó el nivel de sanciones que buscará, pero su portavoz Arancha González dijo que el año pasado la legislación estadounidense le había costado unos 70 millones de dólares a compañías de la UE.

En Tokio, el portavoz del Ministerio de Comercio Tamotsu Moriguchi dijo que Japón buscará obtener permiso para imponer sanciones por un valor de 100 millones de dólares a productos estadounidenses no especificados.

Bajo la Enmienda Byrd - que lleva el nombre de su promotor, el senador Robert Byrd, y fue creada hace tres años - cientos de millones de dólares en multas recaudadas por el gobierno estadounidense han sido entregados a compañías que presentan quejas contra exportadores extranjeros, de los que se considera venden productos en Estados Unidos a precios artificialmente bajos.