Dominio Público
 
+ SCJN y la Guerra Sucia
+ LEA, Mario Moya y Nazar
 
 
   Fausto Fernández Ponte
 
 
   Los juzgadores mayores tienen dilemas. Y uno de esos
dilemas es el tratamiento técnico-jurídico de un asunto con
zarzas cardosas y ortigas: las desapariciones forzadas.
 
   La Suprema Corte de Justicia de la Nación pondera un
asunto nodal: si ha prescrito la comisión del delito de
desaparición forzada de personas ocurrida hace 28 años.
    
   Las desapariciones forzadas de 547 jóvenes en el sexenio
de Luis Echeverría (1970-1976) simbolizan un triste periodo
de nuestra historia reciente, el de la "guerra sucia".
    
   En ese sexenio, los secretarios de Gobernación y la
Defensa Nacional eran Mario Moya Palencia y Hermenrgildo
Cuenca Díaz, respectivamente.
    
   El caso emblematáco es el de la desaparición de Jesús
Piedra Ibarra, joven activista político cuya desaparición
forzada se le atribuye a Miguel Nazar y Luis de la Barreda.
    
   Pese a que ese asunto parece estar siendo tratado por la
SCJN desde perspectivas que suponen la primacía de criterios
técnicos jurídicos, no deja de mostrar un aspecto político.
    
   Sus efectos serían políticos. Fuere cual fuere el fallo de
la Corte, sentaría precedentes no sólo jurídicos, sino
también políticos. Afectaría, inclusive, a los otros Poderes.
    
   En un sentido u otro, el fallo podría implicar una
contradicción contenciosa con el Senado y con el propio
Presidente de la República. Hay quisquillosidad en ambos.
    
  Jóvenes como Piedra, a quienes el Estado mexicano
secuestró, torturó y desapareció eran activistas políticos
opuestos al estado de cosas prevaleciente. Eran disidentes.
    
   Su disidencia era cabal. Sus convicciones les impulsaban a
la acción inclusive armada para abatir la desigualdad
económica y la injusticia social, ambas muy acusadas.
    
   De hecho, esa desigualdad económica y tal injusticia
social todavía persisten en 1) la concentración de la riqueza
y el ingreso en una élite y en 2) el aumento de la pobreza.
    
   La injusticia social tiene expresiones hirientes y, ergo,
dolorosas, en lo laboral --el desempleo--, la baja calidad de
la educación pública, la inseguridad y la incertidumbre.
    
   La red de capilaridad social --por donde corren los flujos
de expectativas de movilidad-- se ha reducido
considerablemente. La movilidad social es limitada.
    
   No en vano Andrés Manuel López Obrador sostiene: la clase
media capitalina está prácticamente a punto de desaparecer.
Lo mismo podríase decir de otras regiones de nuestro México.
    
   El asunto en manos de la SCJN fue atraído por ésta por
ministerio constitucional. Pero antes, el propio López
Obrador promovió una controversia constitucional.
    
   Dicha controversia se sustenta sobre una "declaración
interprretativa" del Poder Ejecutivo a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
    
   Ea "declaración interpretativa" del Presidente le impide
al fiscal contra la guerra sucia proceder contra autores de
desapariciones forzadas. Hay un doble lenguaje del gobierno.
    
   La controversia de López Obrador --presentada como jefe de
un gobierno, el del Distrito Federal-- se sustenta también
sobre una "reserva" del Senado a una convención de la ONU.
    
   Esa convención se refiere a la imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad, como los de la Guerra Sucia. La
"reserva" impide penar a culpables de tales delitos.
    
   Pero la Corte trata el asunto por atracción
constitucional, por la negativa de un juez de Monterrey a
girar órdenes de aprehensión contra Nazar y De la Barreda.
    
   Si la SCJN establece la imprescriptibilidad del delito,
implicaría la probabilidad de girar órdenes de aprehensión
contra Echeverría, Moya, Nazar y De la Barreda.
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