Huelga de Hambre de González V.; Señala a Castañeda, Elizondo y Korrodi

 

Los Responzabiliza ``de lo que Pueda Pasarle"

 

ü       Mantendrá su Protesta Mientras que Eduardo Fernández no sea Liberado

ü       En mi Soledad me he Percatado que soy Preso Político, Dice en una Carta

 

Por HECTOR ADORNO RUIZ

 

Luis Felipe González Villarreal, quien enfrentará un arraigo de 30 días por determinación del juez XVI de Distrito en Materia Penal, bajo acusaciones de ``lavado de dinero", violación al secreto bancario y uso indebido de facultades y atribuciones, responsabilizó al ex canciller Jorge Castañeda, al vocero presidencial Rodolfo Elizondo y a Lino Korrodi, ``de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, a mis hijos y a mi familia", e inició huelga de hambre que proseguirá hasta que su ex jefe, Eduardo Fernández García, no sea liberado.

Los abogados Juan y Antonio Collado, quienes también representan al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reiteraron que solicitarán la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Federal Electoral, para demostrar que las acusaciones que se les formulan a Fernández García y a González Villarreal son infundadas, y aseveraron que con los recursos extranjeros que utilizó la organización ``Amigos de Fox" en la campaña presidencial se violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En una carta escrita con su puño y letra, fechada el 1º de marzo y difundida a las afueras de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero por uno de sus familiares, González Villarreal señala:

"A la opinión pública. Con todo respeto informo que el día de hoy, aproximadamente a las 6:45 horas, me comuniqué con la periodista Alicia Salgado, a quien le solicité que por su conducto se informe al pueblo de México lo siguiente:

"En virtud de que en mi soledad me he percatado que soy un preso político, he tomado la libre desición (sic) de declararme en huelga de hambre, hasta en tanto no liberen de su injusto arraigo al licenciado Eduardo Fernández García, a quien como todos hoy saben, se fundamentó con las totalmente falsas acusaciones de mi ex esposa, las cuales fueron prefabricadas desde alguna oficina de Los Pinos, como ya he señalado.

"Hago responsables de cualquier daño que sufra Arely G.A., Ana Sofía G.A, y en espesial (sic) Luis Felipe G.A. y Jorge G.A., mis queridos hijos, a Lino Korrodi, Rodolfo Elizondo y a Jorge Castañeda". Firma: Luis Felipe González V.".

Hacia las 18:28 horas, tres horas antes de que venciera el término legal para que se le siguiera reteniendo en las instalaciones de la Unidad Especializada citada, de la Procuraduría General de la República, Luis Felipe González Villarreal fue trasladado, a bordo de una camioneta Pick Up blanca, de doble cabina, escoltado por otra camioneta y por un automóvil Pontiac, hacia otro inmueble incautado por la institución de procuración de justicia federal a una organización de secuestradores, ubicada en la colonia Santa Ursula, al sur de la ciudad, para que permanezca arraigado en cumplimiento al ordenamiento del juzgado federal.

El ex secretario particular de Fernández García, quien enfrenta también el arraigo por el mismo término, permaneció declarando en las instalaciones de la fiscalía mencionada que dirige María de Lourdes Núñez, ubicadas en Plaza de la República, durante casi 45 horas, de las 48 que la ley le concede al representante social para mantener retenida a una persona.

Ante el vencimiento del lapso mencionado, el Ministerio Público de la Federación consiguió que el juzgado federal en materia de procesos penales federales le otorgara el ordenamiento de arraigo, por lo que González Villarreal, señalado en una carta presuntamente escrita por su ex esposa Regina Aguilar y entregada en Los Pinos, como uno de los ex funcionarios de la CNBV que recibieron 100 millones de pesos del PRI para revelar información sobre el origen y manejo de dineros que realizó la organización ``Amigos de Fox" durante la campaña presidencial, continuará privado de su libertad, relacionado con la averiguación previa correspondiente.

Mientras tanto, Fernández García continúa arraigado en una residencia ubicada en la avenida Paseo de la Luz, del fraccionamiento Paseos de Tasqueña, en la que corren igual suerte por lo menos otras 14 personas más; el ex presidente de la CNBV ocupa una de las habitaciones provistas de cama, buró y mesa de plástico con sillas, mientras que los otros arraigados se encuentran distribuidos en el inmueble, vigilado durante las 24 horas por efectivos de la Agencia Federal de Investigación, quienes les proporcionan alimentos por la mañana, tarde y noche.

El acceso a la residencia, de dos niveles con amplios ventanales polarizados y con una extensa reja que separa unos tres metros la edificación de la acera, es prácticamente imposible para aquellas personas que no cuenten con autorización expresa de la fiscalía citada, e incluso los abogados Juan Collado y su hijo Antonio deben identificarse plenamente para ingresar a las instalaciones y entrevistarse con Fernández García; lo mismo ocurrirá con González Villarreal.

Los defensores de ambos ex funcionarios de la CNBV expresaron que ahora cuentan con 30 días para presentar las pruebas de la inocencia de ambos arraigados y que entre éstas se encuentran testigos, ``cuya identidad nos reservaremos para que no sufran presiones de la Procuraduría General de la República, como ha venido ocurriendo".

Expresaron que ``aceptando sin conceder", que aun y cuando los dineros provenientes del extranjero utilizados por la organización referida durante la campaña presidencial de Vicente Fox pudieran ser lícitos, con su aceptación y manejo hubo violaciones al Cofipe, por lo que en este aspecto pedirán la comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Federal Electoral.

Reiteraron que durante la prolongada comparecencia de González Villarreal ante el Ministerio Público de la Federación, únicamente habló de sus relaciones con su ex esposa y que en relación a las imputaciones que se le formulan se reservó su derecho a declarar, al amparo del artículo 20 constitucional, para efectuarlo por escrito en el momento oportuno.