Recurre el Régimen al Pasado Para Justificar su Incapacidad: Heladio

No Resistirá el Campo Tanta Importación

ü Tratado Paralelo al TLC, Propone

ü Inviabilidad Fianciera del Ejido

Por SALVADOR DEL RIO

Sin reservas, tajante, Heladio Ramírez advierte: de no tomarse medidas responsables y solidarias el campo no resistirá la entrada masiva a nuestro país de los productos de importación dentro del TLC. En monocorde discurso, la actual administración recurre al pasado para justificar su limitada capacidad para gobernar y frente a la movilización de los campesinos del país, más por las presiones sociales que desgastan su imagen que por una convicción, busca apresuradamente hoy una solución a la crisis estructural que agobia al agro nacional.

Respecto a la idea de "reconvertir" al campo, a sus trabajadores, hacia otras actividades y al intento privatizador de las reformas constitucionales de 1992, el presidente de la Confederación Nacional Campesina sostiene que la capitalización del campo y el aumento de su productividad no se cumplieron con esas modificaciones. Antes bien, la inviabilidad financiera de las labores agrícolas en ejidos y comunidades profundizó la desigualdad y lo que ha florecido en las zonas de las mejores tierras es la venta y renta de las parcelas y el agua. La riqueza se ha concentrado en los empresarios agrícolas nacionales y trasnacionales.

Junto con los representantes de otras organizaciones, el ex gobernador de Oaxaca y dirigente campesino ha asistido a las deliberaciones de las mesas de negociación que sobre los problemas del campo se llevan a cabo tras de las grandes movilizaciones suscitadas a partir de la entrada en vigor el capítulo agropecuario del TLC, cuyo efecto principal fue revivir la conciencia de un amplio sector de la sociedad respecto de los problemas estructurales del agro. No pretendemos, dice Ramírez en entrevista con EXCELSIOR, la supresión del Tratado de Libre Comercio, sino un acuerdo paralelo que elimine la competencia desleal que sufren los productores mexicanos frente a los de Estados Unidos.

-El campo -dice- es hoy, sin duda, no sólo el sector más deprimido de nuestra sociedad, sino el que sufre las consecuencias de un preocupante debilitamiento estructural que se refleja en la improductividad, en el deterioro de nuestros recursos naturales y en un profundo empobrecimiento, acrecentado por la dureza de un modelo económico neoliberal que, de manera implacable, genera injusticia y marginación.

"En la estrategia hacia la modernidad se ha impulsado la tesis de que el capo debe `reconvertirse', para tener un lugar en el mundo globalizado y sobrevivir. Los campesinos hemos asumido el desafio y buscamos con afán los caminos para hacernos eficientes y competitivos. Sin embargo, no bastan el entusiasmo ni los buenos deseos.

"Hacer productivo el campo y sacarlo de su marginación ancestral requiere un esfuerzo colectivo del que no puede sustraerse el Estado. En México ni en otro lugar del mundo puede ser obra de campesinos que, sin recursos financieros ni tecnológicos enfrentan solos los embates de un proceso integrador profundamente injusto e inequitativo.

"Por eso le demandaremos al Gobierno Federal que declare en estado de emergencia al campo y, con el concenso de las organizaciones campesinas y el Congreso de la Unión, definamos una nueva política de Estado que atienda la debilidad estructural de un sector del que dependen 25 millones de mexicanos".

-Cuando se habla de la situación del campo mexicano, los principales responsables de la actual administración suelen atribuir, como lo hacen en otros aspectos sociales, políticos y económicos a los gobiernos de la Revolución, todos o la mayor parte de los problemas ¿Es esto cierto? ¿En qué medida la aplicación de la reforma agraria quedó trunca, como una asignatura pendiente del movimiento social de 1910?

-Si nos atenemos al discurso monocorde de la actual administración, que recurre al pasado para justificar su limitada capacidad para gobernar, podemos entender el lejano interés y la escasa jerarquía que el campo mexicano les merece, los perjuicios por una obra pública que fue el puntal de la modernización del país, así como su desdén por una reforma agraria que quisieron cancelar desde su llegada al poder.

"Los campesinos tenemos otra perspectiva y otra visión de la realidad. Para nosotros no hay discontinuidad ni ruptura entre lo que hicimos ayer y lo que pretendemos hacer mañana. El proceso de reforma agraria que canceló el latifundio y entregó la tierra a los campesinos se renueva hoy con la vigencia de una Ley de Desarrollo Rural que consolida nuestro derecho a un sistema de producción integral y sustentable y puntualiza las responsabilidades y mecanismos que está obligado a realizar el Estado para cumplir con ese derecho. En ese proceso de reforma agraria que para nosotros no ha concluido, los campesinos aspiramos a una política de desarrollo rural de largo plazo que permita, por un lado, lograr la rentabilidad, capitalización y productividad del campo mexicano y, por otro, genere nuevas oportunidades de trabajo e ingreso fuera de esas actividades en las que. particularmeale las nuevas generaciones del campo, encuentren opciones y perspectivas de vida que las arraiguen y eviten el éxodo.

"Para ello, la Secretaría de la Reforma Agraria, además de conservar sus tareas actuales, requiere absorber todos los programas relacionados con la capacitación y la organización productiva del campo para recuperar el sentido original establecido en toda la cadena agroalimentaria e industrial, a través de la organización económica, así como la rectoría del Estado y su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.

"La tarea de organizar y capacitar a los campesinos en actividades de transformación y comercialización de sus materias primas es de igual importancia como lo fue el reparto agrario en su oportunidad; por lo tanto esta actividad primordial no puede quedar en el olvido gubernamental ni afrontarse de manera dispersa en diferentes áreas de la administración pública en un intento por fragmentar y dispersar una institución que es vital para el desarrollo rural integral y sustentable de los campesinos".

-Las reformas de 1992 a la Constitución representaron ciertos cambios positivos para los ejidatarios, principalmente en su autonomía para administrarse; sin embargo, hay en esas modificaciones algunas que sería necesario revisar como la posibilidad de la enajenación de las parcelas.

-Las modificaciones al Artículo 27 constitucional y la promulgación de la legislación agraria de 1992 colocaron en el mercado a la propiedad social y la tierra se convirtió en un bien sujeto a la ley de la oferta y la demanda.

Los argumentos en el sentido de alentar la capitalización del campo, aumentar su productividad, generar empleo y sacarlo de su empobrecimiento no se cumplieron. La inviabilidad financiera de las labores agrícolas en ejidos y comunidades profundizó la desigualdad y lo que ha florecido en las zonas de las mejores tierras es la venta y renta de las parcelas y el agua. La riqueza se ha concentrado con desmesura en los empresarios agrícolas nacionales y trasnacionales, mientras a cuentagotas llegan las oportunidades a los campesinos pobres.

"Revertir ese fenómeno nos ha llevado a resistir las presiones para desaparecer el componente colectivo en la tenencia de la tierra de ejidos, comunidades y colonias y plantear la defensa de la propiedad social ante los embates de los especuladores y del propio gobierno.

"El 28 de agosto de 1996 las organizaciones campesinas firmamos un acuerdo agrario con el Gobierno de la República. En él convenimos suplir la imposibilidad material y jurídica de entregar tierras a los grupos derechos por el financiamiento de proyectos productivos; sin embargo, el incumplimiento de este compromiso ha levantado inconformidad y provocado desencanto entre los campesinos y sus organizaciones".

Por ello la CNC ha planteado, en el marco del diálogo de las organizaciones campesinas con el Gobierno Federal la conveniencia de asignar un presupuesto multianual con crecimiento real para el fortalecimiento de la organización económica, la transformación orde lda de la propiedad y la creación de un sistema de seguridad social para los sujetos de derechos agrarios, ubicados en la etapa de adultos mayores, así como la transformación de organismos vinculados al desarrollo agrario para que sirvan mejor a los intereses campesinos.

Nuestra lucha por delante es "impulsar un proyecto de reforma agraria que, sin cerrar los ojos ante la realidad del libre mercado en el que México está inserto, se apoye en una política económica y social propia, cuya visión integral y amplio espectro llegue a las causas del atraso y modernice a la sociedad rural con base en nuestros valores, intereses y la capacidad creativa de nuestro pueblo".

-Pero el campesino pobre no es aún sujeto de crédito...

-En la CNC sabemos que lo que antes fue una lucha por recuperar las tierras ancestrales hoy es un combate diferente y más complejo. Ahora luchamos al mismo tiempo por la erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales, por una articulación más justa de la economía campesina con los demás sectores de la economía nacional y, en esta tarea, el acceso al crédito para los campesinos pobres es de la mayor importancia...

En el marco del diálogo de las organizaciones campesinas con el Gobierno Federal la CNC ha propuesto que los instrumentos del Estado relacionados con el financiamiento en el medio rural tengan una acción más eficiente para que verdaderamente reactiven la economía campesina. Por ello planteamos la conveniencia de crear una banca social de desarrollo que impulse opciones productivas y empresariales con capital, estímulos, capacitación y financiamiento en regiones marginadas. Concebimos al sistema financiero rural desde una perspectiva amplia, integrado por operaciones crediticias directas y de descuento acompañado de un amplio frente de fondos de aseguramiento y primas accesibles con subsidios transparentes, respaldados por esquemas de una red de almacenamiento de depósito, complementado por fondos de inversión y garantía, promotores de la capitalización, fomento y formación de agronegocios para pequeños productores. Nuestra lucha no es sólo para que los hombres de la tierra se liberen de la pobreza, sino para que el campo no desaparezca y con él la posibilidad de construir una nación libre y soberana para las futuras generaciones.

-¿Cuáles son los principales efectos negativos de la cancelación de aranceles a los productos importados dentro del TLC? ¿Sería necesario revisar el Tratado o sólo bastaría con renegociar, a través de los mecanismos previstos en ese instrumento y en otras instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio, los sectores afectados con la apertura?

-De no adoptarse medidas responsables y solidarias, el campo mexicano no resistirá la entrada masiva a nuestro país de granos básicos, de productos cárnicos, de celulósicos y agroindustriales ni una caída más profunda de nuestros precios agrícolas y el desplome del empleo rural. La liberación de aranceles, vigente desde el 1º de enero del 2003 impactará negativamente a la avicultura, la porcicultura, la ganadería, el sector apícola, a los productores de garbanzo, cebada, a los fabricantes de alimentos balanceados y engordadores de ganado, a la industria química y de derivados del maíz al igual que las malteras y cerveceras, que ya enfrentan dificultades estructurales que ponen en riesgo su viabilidad comercial. Encontrar una salida a este problema compromete a todos. No es un asunto sólo agropecuario o de desarrollo rural; es, sobre todo, un asunto de estrategia nacional.

"La CNC, ante este escenario no busca destruir o cancelar el TLCAN. Mucho menos afectar a otros sectores de la economía nacional. Lo que queremos es no ser los eternos perdedores. No queremos ser excluidos ni marginados. Menos arrasados y avasallados en nuestros propios mercados.

"Lo que queremos los campesinos es que este acuerdo paralelo permita actualizar el clausurado referente a los subsidios agropecuarios, ampliar el concepto de daño económico y los mecanismos de emergencia y salvaguarda correspondientes, así como revisar los grupos deficitarios de la balanza comercial agropecuaria e incluir cláusulas específicas para productos y fracciones arancelarias que eviten despojos en el mercado de origen. Este acuerdo es posible jurídica, política y diplomáticamente, amarrarnos las manos y decir simplemente que no se puede es una actitud simplista, equivocada y evidencia una falta de visión histórica y compromiso con 25 millones de campesinos mexicanos".

-La entrada en vigor del capítulo agropecuario generó una movilización de prácticamente la totalidad de las organizaciones campesinas. ¿Puede esperarse que esta toma de conciencia, que se extiende a otros sectores de la sociedad desemboque en soluciones concretas, en la aplicación de una nueva política en relación con el agro?

-El gobierno busca apresuradamente hoy una solución a la crisis estructural que agobia al campo mexicano más por las presiones sociales que desgastan su imagen que por una convicción. Sin embargo, esta difícil coyuntura está adquiriendo una dimensión política de tal envergadura que no se le pueden dar ya simples salidas burocráticas. Los campesinos reclaman una solución y compromisos concretos del gobierno a un campo que ya no puede esperar. La tarea que se tiene por delante es un desafío de magnitudes insospechadas y hoy más que nunca corresponde a la política y a los políticos; a las organizaciones y al gobierno encontrar las respuestas más adecuadas. El desafío más grande es reconstruir al campo; impulsar las reformas estructurales para hacerlo viable; hacer rentables y competitivas a las tierras del sector social; defender los derechos de los jornaleros sin tierra que viven en la pobreza extrema.

"El gobierno tiene que comprender que, si queremos que nuestro campo juegue un papel estratégico en el proceso de desarrollo de México, necesitamos construir no sólo una política de Estado sino con ella un nuevo modelo de desarrollo. El campo y los campesinos no renunciamos a nuestro legítimo derecho de exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional de proporcionarnos los instrumentos para construir un desarrollo rural integral, sustentable y sostenido. No queremos el asistencialismo o la caridad que humilla, ni mendigamos recursos perpetuadores de nuestra pobreza, sometimiento y dependencia.

"Hoy en el país se están escuchando las voces silenciadas y hay una conciencia social de la importancia estratégica del campo en el proyecto de nación. Por eso confiamos en que ya nadie podrá jugar impunemente con las esperanzas de los campesinos. Por eso, en este diálogo que tenemos con el gobierno los campesinos no aceptaremos el `sálvese quien pueda', que es la ideología del mercado y que se nutre de circunstancias, intereses mezquinos o visiones de corto plazo. Los campesinos confiamos en que, en este esfuerzo de concertación, el gobierno responda con soluciones serias y comprometidas que contribuyan a establecer las bases de confianza y unidad imprescindibles para enfrentar la emergencia real que vivimos".

-México está muy lejos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Se registra una creciente dependencia de las importaciones en detrimento de nuestra soberanía. ¿Cómo elevar la productividad de los agricultores mexicanos, su acceso al crédito y a la tecnología, sin perder lo esencial de los principios de justicia social en los que se fundamenta la reforma agraria como parte del movimiento revolucionario de 1910 y la constitución de 1917?

-Las soluciones al problema de la improductividad, limitado acceso al crédito y la tecnología tienen que ver con cambios estructurales de mediano y largo plazo en los cuales debe involucrarse la sociedad entera.

Para la CNC es importante que se declare al campo en situación de emergencia nacional y se legisle para enfrentar la coyuntura. Que se provean fondos compensatorios; se discutan y analicen presupuestos multianuales o se establezca un porcentaje fijo del producto interno bruto destinado al sector. Los campesinos mexicanos sabemos producir muy bien, en cantidad y calidad. Pero estamos solos y enfrentamos una competencia desleal no sólo con nuestros homólogos, los campesinos estadunidenses y canadienses, sino con sus gobiernos y los poderosos recursos que poseen; los más grandes y avanzados del mundo. Por eso le exigimos al gobierno que se mire en ese espejo. Que comprenda que nosotros, los campesinos mexicanos, merecemos apoyos y la atención que ordena nuestra Constitución.

"Necesitamos que juntos, el gobierno y las organizaciones campesinas, busquemos opciones que defiendan el futuro de la nación, porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de 25 millones de campesinos que viven en la sociedad rural, sino el destino de México, el proyecto político y económico que el Constituyente de 1917 determinó soberanamente para establecer un sistema de justicia social y de economía regulada por el Estado. Esa es la obligación que tenemos todos: cumplir con la letra constitucional para que México pueda ser lo que alguna vez soñamos".