Editorial

 

El Poder y la Ley

 

La opción de renovar de manera anticipada el Poder Ejecutivo federal es un tema que, pese a su carácter delicado y complejo, espinoso sin duda, es objeto de discusiones cada vez más públicas. Ha dejado de ser un asunto constreñido por cierto tabú establecido por la tradición, la costumbre y la cultura del presidencialismo; esta última no considera como premisa mayor la renovación adelantada de uno de los poderes del Estado. Este tema de difícil tratamiento, aun para los estudiosos de las ciencias políticas y del Derecho Constitucional, ha sido traído a un primer plano de atención pública y, por ende, inserto en la agenda nacional por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo (EXCELSIOR, 24\II\03), precisamente el día en que esa entelequia partidaria lanzó su convocatoria para seleccionar candidatos a diputados federales en las elecciones de julio próximo.

Dijo el señor Madrazo: No quiero ser alarmista, pero veo enormemente ceano el riesgo de confrontación y estallidos sociales como resultado de la incapacidad, inexperiencia e impericia del Gobierno Federal (...) Si no le damos un golpe de timón al país, lo que vemos en Argentina, Colombia, Ecuador o Venezuela, incluida la renovación anticipada del Poder Ejecutivo, está a la vuelta de la esquina.

El líder del PRI se había abstenido hasta entonces de usar un lenguaje tan directo que, dado el contexto de renovación de la Cámara de Diputados, podría entenderse como expresiones retóricas inspiradas en afanes de proselitismo electoral; pero no parece ser el caso.

Es obvio que con esas afirmaciones el señor Madrazo hace suya una inquietud que insoslayablemente conturba no sólo a los políticos priístas, sino también a los de los partidos Acción Nacional -el del actual titular del Poder Ejecutivo- y de la Revolución Democrática, así como de otros de menor militancia y alcance.

No huelga subrayar que el asunto parece inquietar también a no pocos ciudadanos <sn3>de a pie, <sn0>aquellos sin afiliación partidista pero con simpatías y conscientes de la atrofia que aparentemente caracteriza al cuerpo gubernamental y, por contagio, al propio Estado mexicano.

Es de mención atinente el hecho factual que los propios partidarios políticos del Presidente de la República reconocen esa atrofia gubernamental y exhiben preocupación por el efecto de ésta en el desenlace electoral.

Es pertinente hacer notar que en 2001 algunos legisladores panistas promovieron sin éxito acciones orientadas a asegurar constitucionalmente que, en caso de renovación anticipada del Poder Ejecutivo, el titular interino fuese miembro del mismo partido.

Así, existe la percepción general en ciertos cenáculos de la cultura partidista de que podría ocurrir la renovación anticipada del Poder Ejecutivo si se dan las coyunturas políticas para ello, <sn3>v. gr., <sn0>que el PRI tuviera mayoría en la nueva Cámara de Diputados y ampliara esa superioridad en el Senado mediante alianza con otras formaciones partidarias que tambiéadperciben un comportamiento "fraudulento e imprudente" del Presidente de la República.

Esa percepción es de la que el Presidente actúa de manera heterodoxa ajeno a su responsabilidad constitucional, en ignorancia de los cánones establecidos por la Carta Magna y tangencial a las instituciones de la República. La líder del PRD, Rosario Robles, lo describió así: "El Presidente tiene que respetar el régimen republicano; ya llegó la hora". También dijo que el Mandatario tiene que acatar los ordenamientos constitucionales que describen sus funciones (EXCELSIOR, 1\III\03). Subyace en las palabras de la señora Robles cierta permeabilidad a las propuestas de renovar por adelantado al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, ni el señor Madrazo ni la señora Robles se plantean cómo realizar esa renovación, para la cual es requerimiento impostergable que el Presidente de la República renuncie a su elevada investidura, lo que no es, desde luego, imposible, pero tampoco posible en las condiciones políticas actuales. Por añadidura, la Constitución no considera cómo hacer que el Titular del Poder Ejecutivo renuncie. Tampoco establece con claridad cómo someterlo a juicio político, pues por omisión queda exceptuado de ello en el artículo 110 de la Carta Magna. Otros artículos -73, del 80 al 89, 110 y 111- son igualmente imprecisos. El 86 consigna que el cargo de Presidente de la República "sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia". El 110 no incluye al Presidente de la República entre los funcionarios que podrán ser sujetos de juicio político. Pero contradictoriamente el 111 dice: "Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable". Hagamos la salvedad de que el 110 no fija términos y tampoco hay, por otra parte, legislación penal aplicable.

Esas contradicciones y vaguedades en el Texto Fundamental no son óbice, desde luego, para la concreción del propósito de renovar anticipadamente el Poder Ejecutivo, cuyo titular ha incurrido, según ciertas apreciaciones políticas y juicios de valor, en la "causa grave" mencionada, pero no identificada ni mucho menos tipificada en el ya citado artículo 86. Tal vez las omisiones del Presidente de la República citadas por el señor Madrazo y la señora Robles podrían caer en esa clasificación tan general y que una mayoría priísta-perredista en el próximo Congreso se diera a la tarea de especificarlas y tipificarlas como "causa grave" y, sobre ésto, acusarlo ante el Senado y proceder a solicitarle la renuncia correspondiente.

Una causa grave sería, según el sentir de muchos mexicanos, la conducción de la política exterior que, por ministerio constitucional, es potestad del Presidente de la República. Es obvio que en ese terreno, la conducta del Titular del Poder Ejecutivo es opuesta a las inferencias de la Carta Magna, en particular cuando se apoya, sin previa consulta con el Congreso, al gobierno de Estados Unidos en las acciones beligerantes de éste (EXCELSIOR, 1\III\03) y calificando públicamente de "tirano" a otro Jefe de Estado como Saddam Hussein.

También podría calificarse de "causa grave" para la renuncia del Presidente de la República y la renovación del Poder Ejecutivo, el documentado activismo electoral del Mandatario y su brega por confundir, manipular y desviar, presuntamente, las pesquisas acerca del financiamiento extranjero, en 2000, a la campaña de proselitismo del entonces candidato Vicente Fox. Entreverado con esa conducta estaría la persecución a un potencial testigo de cargo en esas investigaciones, Eduardo Fernández, a quien, es de presumirse, se le acalló arraigándosele bajo imputaciones dudosas. Pero la "causa grave" mayor bien podría ser el cúmulo de actuaciones contrarias a la experiencia histórica del pueblo de México y sus luchas por su independencia y soberanía, atributos estos últimos tan conculcados no sólo hoy, sino también por el desempeño de algunos mandatarios priístas que precedieron al actual.