ATRAE SUPREMA CORTE CASO RELACIONADO CON LA GUERRA SUCIA   

 

México, 8 Octubre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ejercer su facultad de atracción en la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República por la decisión de un juez de no girar órdenes de aprehensión en contra de ex directores de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

 

La Primera Sala determinó que el máximo tribunal de país se convierta por primera vez en la historia en un tribunal de apelación, toda vez que el Juzgado Segundo de Distrito de Monterrey negó las órdenes de aprehensión en contra de los ex directores de la desaparecida DFS, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno.

 

Estas personas son acusadas del secuestro de Jesús Piedra Ibarra; sin embargo el juez de Distrito negó la orden de aprehensión debido a que el delito había prescrito.

 

En esta apelación la SCJN determinará primero, si el delito de secuestro prescribe y en segundo si procede o no la orden de aprehensión en contra de las dos personas referidas y de Juventino Romero Cisneros.

 

La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó la atracción del caso por la SCJN, para que determine si el delito de privación ilegal de la libertad prescribe o se puede iniciar juicio en contra de los acusados.

 

En conferencia de prensa, los ministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro explicaron que en una votación dividida, tres ministros votaron a favor de la atracción del caso.

 

En tanto que Román Palacios votó en contra, toda vez que consideró que en el caso de privación ilegal de la libertad, el Ministerio Público no puede considerarse como parte en el proceso.

 

Por su parte, Juventino Castro y Castro, dijo que se hizo valer la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política Federal, en el que se establece que el Máximo Tribual puede atraer los casos que sean importantes para el Estado.

 

En este caso, el Ministro explicó que se flexibilizó el término de Estado, ya que es importante para la sociedad determinar sobre el asunto relacionado con este hecho en particular.

 

Con ello, señalaron, no se afectan las garantías individuales de los presuntos responsables, ya que una vez resuelto el caso, el expediente será regresado al Juzgado de origen para iniciar el proceso.

 

La diferencia en este caso, es que en un proceso ordinario, el expediente se debería turnar a un Tribunal de segunda instancia, en la que la defensa podría interponer el recurso de amparo en contra de la resolución en caso de no resultarles favorable.

 

Sin embargo contra la resolución de la Sala de la Suprema Corte, no existe la posibilidad de interponer el amparo, por lo que no existirá posibilidad de la defensa de atacar esta determinación.