Editorial
 
   Compromisos de Fox
 
 
   El traspaso unilateral, bajo cualesquier modalidades, de
las potestades del Estado mexicano a particulares extranjeros
en la conducción y rectoría de la economía es peligroso. Las
figuras jurídicas bajo las cuales se procesa a realizar esa
entrega --que, de hecho, ya está ocurriendo-- no disfrazan ni
mucho menos ocultan que esa transferencia de facultades
constitucionales responde a mandatos ajenos a los intereses
nacionales a los que los Presidentes de la República desde
Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas (1988-1994)
hasta Ernesto Zedillo (1994-2000) Vicente Fox se han
adherido.
   A esa cesión, Luis Pazos, ideólogo del panismo y, hoy, del
foxismo, la califica de "apertura" y no de
"pri-va-ti-za-
ción" (EXCELSIOR, 12/X/03), proceso el cual, denuncia, ha
sido secuestrado por una caterva política, la del "ala dura"
del Partido Revolucionario Institucional, que. entendemos,
está representado por el gobernador de Oaxaca, José Murat, y
el senador por Puebla, Manuel Bartlett. Supondríamos que
formarían parte de esa "camorra" personajes del partido de
la
Revolución Democrática, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador.
   Los móviles de esta adherencia tan fidelísima al proceso
del traspaso del Estado a particulares no escapan a la
percepción, históricamente aguda, del pueblo de México.
Tampoco se sustraen de ese registro ciudadano la racionalidad
de nuestros Mandatarios en su activismo a favor de ceder las
facultades del Estado mexicano a intereses económicos y
políticos de grandes consorcios estadunidenses de alcance
planetario y subordinar nuestra soberanía nacional y las
decisiones estratégicas del gobierno a los imperativos de las
grandes empresas trasnacionales, erigidas hoy en una
verdadera potencia mundial.
   Esta transferencia de facultades constitucionales del
Estado a particulares extranjeros --entidades definidas
legalmente como personas morales pero conformadas por
personas físicas ajenas a la nacionalidad mexicana-- sólo
tiene un móvil que es, a la vez, racionalidad: acatar
cabalmente el mandato del Consenso de Washington, al cual
identificó como urgentes e imposponibles realizar diez
reformas "estructurales" en los países de la América Latina
y
el Caribe, a fin de "modernizar" sus economías e insertarlas
en el proceso de globalización.
   El Consenso de Washington --expresión acuñada por el
economista estadunidense John Williamson en 1990-- es el
conjunto  de las propuestas formuladas por los planificadores
de la política del gobierno de Estados Unidos para los países
de América Latina y el Caribe que fueron discutidas en
noviembre de 1989 en la conferencia organizada por el
Instituto de Economía Internacional, de Washington, D. C.,
sobre el tema de "Ajustes en América Latina y el Caribe: ¿Qué
tanto ha ocurrido?" Es de consignar que a esa conferencia
asistieron representantes de los gobiernos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
   Las reformas "estructurales" planteadas por el Consenso
de
Washington son:
   1) Disciplina fiscal para evitar los grandes déficits, la
inflación y la fuga de capitales.
   2) Recorte del gasto público en áreas políticamente
sensibles --o sociales-- que "suelen recibir más recursos de
los que su entorno justifica".
   3) Ampliar la base de contribuyentes y mejorar las
recaudaciones.
   4) Liberalización del sistema financiero y establecimiento
de tasas reales de interés fijadas por el mercado.
   5) Establecimiento de un tipo de cambio suficientemente
competitivo para impulsar el rápido crecimiento de las
exportaciones no tradicionales dentro del marco de la
apertura externa de la economía y de la sustentación del
desarrollo en las exportaciones.
   6) Liberalización del comercio exterior, sobre la base del
abatimiento de las restricciones cuantitativas y su
sustitución por tarifas arancelarias que deben reducirse
progresivamente hasta un nivel uniforme de alrededor del 10
por ciento.
   7) Abolición de todas las regulaciones a la inversión
extranjera directa, a fin de que los inversionistas compitan
en igualdad de condiciones.
   8) Privatización de las empresas públicas para incrementar
los incentivos a la eficiencia, mejorar el desempeño fiscal y
eliminar el gravamen que la operación de ellas representa
para el Estado.
   9) Desregular la economía.
   10) Seguridad del derecho de propiedad para todos.
   Al Consenso de Washington se adhirió con entusiasmo digno
de mejor causa en 1990 el entonces Presidente Salinas, siendo
una de las consecuencias de esa devoción del jefe del Estado
mexicano y cabeza de nuestro gobierno el Tratado de Libre
Comercio de la América del Norte, protocolo el cual fue
descrito certeramente por la abogada laborista y luchadora
social Estela Ríos como "una Constitución con primacía sobre
nuestra propia Constitución" (EXCELSIOR, 12/X/03).
   Es de señalarse que ese acatamiento del Estado mexicano a
los mandatos del Consenso de Washington se ha dado por
etapas, las últimas de las cuales están pendientes de
realizarse, como se vería tras revisar las reformas
"estructurales" enunciadas.
   Cabe destacar que las etapas pendientes son las que se
representarían en los incisos 7, 8, 9 y 10, pero
acentuadamente al séptimo y al octavo; es de subrayarse este
último, pues se refiere a la privatización de las empresas
paraestatales, como la Comisión federal de Electricidad y
Petróleos Mexicanos. En el caso que atañe a nuestro país, el
Poder Ejecutivo --uno de los tres poderes del Estado
mexicano-- ha incurrido en la variante de privatizar la
generación de energía eléctrica y la exploración y
explotación de fuentes de petróleo y gas natural. Ello ha
dado origen a un intenso debate en el seno mismo del Estado,
al grado de que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen
posiciones polares.
   A nuestro ver, las propuestas --las reformas
"estructurales"-- del Consenso de Washington significan
volver atrás y dejar de lado la promoción de la democracia
económica y los derechos sociales. El Estado mexicano ha
tomado en el decurso de las dos últimas décadas medidas
orientadas a reducir la demanda agregada --mediante el
recorte del gasto público, el aumento de los ingresos
fiscales y la limitación del crédito-- y a modificar la
estructura de los egresos mediante la devaluación del tipo de
cambio real para incrementar los precios de los bienes
negociables. Estas medidas han ido acompañadas de la
desregulación de los mercados del trabajo y capital, la
liberalización del comercio y la apertura de los flujos
internacionales de divisas. Esas son las bases para que la
economía mexicana crezca, a las que se refirió el empresario
Carlos Slim  (EXCELSIOR, 9/X/03).
   El desmantelamiento del Estado y la trasmisión de sus
potestades a las trasnacionales tendría como apogeo la
privatización de la generación de energía. Ello nos
descubriría que seguramente el presidente Fox está sometido a
enorme presión del exterior --de Washington y las
trasnacionales-- para cumplir con los mandatos del Consenso.
También nos dilucida sus compromisos, los cuales son tan
poderosos que le inducen a rechazar a priori alternativas a
la privatización.