PRESIDENTE BOLIVIA DENUNCIA GOLPE, SIGUE VIOLENCIA   

 

LA PAZ (Reuters) - El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada denunció un plan golpista financiado desde el exterior destinado a destruir la democracia en Bolivia, donde otras cinco personas murieron el lunes, elevando a 42 las víctimas fatales durante prolongadas protestas contra el jefe de Estado.

 

"Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar", dijo sin embargo Sánchez de Lozada, cuyo mandato se extiende hasta el 2007, en un mensaje a la nación desde su residencia oficial, en un barrio al sur de La Paz.

 

Tras su alocución, el alto mando de las Fuerzas Armadas respaldó en un comunicado al jefe de Estado y advirtió a los sectores sociales en conflicto que la institución preservará el orden y la tranquilidad en todo el territorio del país.

 

En tanto nuevos incidentes violentos en la ciudad altiplánica de El Alto y zonas aledañas, adyacentes a La Paz, causaron otros cinco muertos el lunes, elevando a 42 las víctimas fatales en cuatro semanas de convulsión.

 

Al menos otras 150 personas resultaron heridas en la peor escalada de violencia urbana y rural desde que Bolivia recuperó su democracia en 1982, según organismos de derechos humanos.

 

"Bolivia está en peligro: acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior", dijo el presidente, un empresario minero de 73 años, sin detallar la denuncia. "Pero no van a poder tomar el gobierno con un golpe", agregó.

 

Sánchez de Lozada, en un intento por apaciguar los ánimos y tender un puente de conciliación con sus adversarios, suspendió al amanecer del lunes por decreto toda nueva exportación de gas boliviano mientras la sociedad no se pronuncie en un proceso de consultas y debates que concluirá el 31 de diciembre del 2003.

 

Un proyecto de exportación de gas por un puerto de Chile fue el detonante de las protestas, pese a que el gobierno no lo definió ni seleccionó esa eventual salida por ese país, que dejó a Bolivia sin costas marítimas a raíz de una guerra en 1879.

 

Sin embargo, Felipe Quispe, un diputado indígena y líder de los bloqueos campesinos que desde el 15 de septiembre se levantaron en la región andina, rechazó la propuesta del presidente como "una mamada" (burla).

 

"El decreto sobre el gas es un decreto. Uno más de los miles que nos han firmado los gobiernos. Los indígenas no dejaremos la lucha hasta que 'el gringo' se vaya a su país, los Estados Unidos", declaró a emisoras radiales aludiendo a un apodo del jefe de Estado, quien vivió desde la niñez en ese país y estudió filosofía antes de enrolarse en la política boliviana.

 

Las cinco víctimas del lunes se sumaron a 26 personas que murieron el domingo en El Alto, según el principal organismo de derechos humanos, en una violenta jornada de disturbios y dura represión militar contra los manifestantes.

 

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que estableció el nuevo saldo trágico e intenta infructuosamente mediar en el conflicto junto a la Iglesia Católica, afirmó en una declaración que los sucesos sangrientos de El Alto configuraron "no un enfrentamiento, sino una verdadera masacre".

 

Sánchez de Lozada afirmó que el denunciado movimiento golpista pretende reemplazar la democracia con una "dictadura sindical" y advirtió a Quispe y al líder cocalero y también diputado indígena Evo Morales que "no van a tener éxito".

 

Morales, tras el mensaje presidencial, hizo un llamado radial a trabajadores para que "tomen las minas que Gonzalo Sánchez de Lozada", refiriéndose a las empresas y yacimientos que el acaudalado mandatario posee en ese sector.

 

"El presidente tiene que irse. Después de semejante masacre, como la de ayer en El Alto, el pedido es: '!Fuera Goni!'," declaró Morales aludiendo a otro apodo del jefe de Estado, antes de la alocución del mandatario.

 

Sánchez de Lozada perdió el lunes el importante apoyo político de su vicepresidente, Carlos Mesa, quien lo acompañó en el binomio electoral que lo llevó al poder hace 14 meses.

 

"No puedo aceptar que el gobierno plantee la respuesta al conflicto por la vía, simplemente, de la imposición de la autoridad, sin importarle el costo de vidas humanas", declaró Mesa, un ex periodista y novato político independiente de amplio prestigio en sectores sociales y políticos del país.

 

El vicepresidente, de 53 años, aclaró que no pretendía renunciar a esa investidura ni a la presidencia nata que ejerce en el Congreso Nacional.

 

En un amago de fisuras en la coalición de cinco partidos que sustenta al gobierno, el ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), renunció al cargo.

 

Pero el portavoz presidencial, Mauricio Antezana, aclaró que Torres esgrimió razones "estrictamente personales" para alejarse del gabinete.

 

Las protestas inmovilizaron el lunes por completo a La Paz, la sede del gobierno, al producirse un paro de choferes del transporte público.

 

Grupos de manifestantes desplegaron marchas y algunos de ellos protagonizaban actos vandálicos en distintos sectores urbanos, que obligaron al desplazamiento de efectivos policiales y militares que los dispersaron en choques que dejaron una decena de heridos, según cadenas radiales.